LEI DE SEGURANÇA NACIONAL, O PARAMILITARISMO COLOMBIANO
& PENSAMENTO LIBERTADOR DEFENDIDO PELA FARC
Manuel Munoz Uribe, festejado
advogado colombiano, assessor jurídico de entidades sindicais e movimentos
populares na Colômbia e Diretor da ALAL, nos traz à discussão sobre a violência
ocorrente na Colômbia, com a matança de dirigentes sindicais e membros
integrantes da resistência que pugnam pelo livre desenvolvimento da democracia
na Colômbia e na América Latina.
Na análise trazida, mostra-se
que Uribe não é o único culpado de tanta violência na Colômbia que tem ceifado
vidas de homens, mulheres, crianças, como decorrência da edição do Decreto
3398, que deu origem ao paramilitarismo e a Lei de “Segurança Nacional”, induzida
pela política de Estado na América Latina, na gestão de John F. Kennedy,
como esclarece o grande pensador e professor norte-americano Noam Chomsky.
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DEBATE
CEPEDA - ALVARO URIBE VELEZ
Epígrafe: “…Sí sabemos que no
fueron las Fuerzas Armadas las que dijeron a los campesinos que asesinaran a
los hombres, a las mujeres y a los niños para acabar hasta con las semillas de
sus adversarios políticos, sino los representantes y los senadores, los
políticos colombianos”. (General Alberto Ruiz Novoa).
No
es Álvaro Uribe Vélez el único culpable. Son todos los presidentes de Colombia
desde el 25 de diciembre de 1965, cuando Guillermo León Valencia, abuelo de la
Palomita, expidió el decreto 3398, para fundar el paramilitarismo con el
ditirambo de la “SEGURIDAD NACIONAL”. Desde entonces, este mecanismo cobarde es
una política de Estado inducida en América Latina y particularmente en Colombia
por el presidente John F. Kennedy, según lo afirma el sabio profesor norteamericano
Noam Chomsky.
No
hay uno solo de los presidentes con el pleno de sus gabinetes ministeriales,
que hayan desautorizado esta política de persecución y liquidación de los
opositores, principalmente de los dirigentes populares, de los sindicalistas y de
los defensores de derechos humanos, catalogados todos inicialmente como
“proponentes comunistas” y luego como “guerrilleros” y hoy como “terroristas”,
precisamente por quienes pusieron en práctica este mecanismo de muerte para
impedir el desarrollo de la democracia en América Latina.
Inicialmente,
esta política recomendada por USA desde 1962 - tres (3) años después del
triunfo de la revolución cubana-, vino como anillo al dedo a la oligarquía
colombiana, para justificar el aniquilamiento de quienes, como los guerrilleros
del llano, aceptaron la paz propuesta inicialmente por Rojas Pinilla y luego
por el Frente Nacional. Todos los dueños de los partidos tradicionales, se han
lucrado económica y políticamente de la instauración de la violencia engendrada
por la “doctrina del enemigo interno” o de la “seguridad nacional”, hacia la
cual evolucionó el monroísmo, otro engendro contrario al pensamiento del
Libertador.
Al
promoverse la constituyente de 1991 por las guerrillas que querían desarmarse y
pactar la paz, Gaviria Trujillo y su ministro de defensa (Hoy aliados
incondicionales de Santos II) atacaron el cuartel general del secretariado de
las Farc EP en la Uribe Meta, pero (“aquella perrilla sí, cosa es de volverse
loco,….”) Tirofijo y sus hombres no sufrieron el más leve rasguño en esa
ocasión.
Hay
que anotar que los partidos tradicionales se opusieron ferozmente a la
constituyente, pero al producirse la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que
le dio vía libre al ejercer el control de constitucionalidad del D. 1926 de 1990,
de estado de sitio, se lanzaron a su captura y lo lograron, como puede
observarse más allá de la prensa que convirtió
al jefe de gobierno en el héroe de la Constitución del 91, cuando lo que
hizo fue convertirla en instrumento del neoliberalismo.
Vino
la Constituyente y todo marchó bien conforme a las expectativas democráticas de
sus convocantes iniciales, hasta cuando el ministro De la Calle y el ministro Rudolf
Hommes Rodríguez degeneraron lo que indios, negros, zambos, blancos y mestizos,
llenos de entusiasmo, habían acordado hasta entonces. El ministro de hacienda
de entonces, insoportable pretencioso, metió el Consenso de Washington en la
constitución económica, en tanto que De la Calle metió desde el Congresito,
todos los decretos de estado de sitio anteriores y todos los estatutos
especiales, cuyo elenco conforma el terrorismo de Estado en Colombia.
Como
remate, el gobierno del “el revolcón”, dictó el decreto 356 de 1994, que
revivió la esencia del derogado D. 3398/65, ahora corregido y aumentado por las Convivir....Ese
decreto fue encontrado por la Corte Constitucional ajustado a la Carta, con el salvamento de voto
de Carlos Gaviria Díaz, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández
Galindo y Vladimiro Naranjo Mesa, demócrata liberal el primero y conservadores
los otros.
La
mayoría involucrada en esa sentencia contó con el apoyo de Alejandro Martínez
Caballero, en tanto que su ponente, Jorge Arango Mejía, jamás se ha arrepentido
de haber consagrado como constitucionales los mecanismos fachistas de control
social, y por el contrario, al llamar a votar por Zuluaga en periódico EL MUNDO
de Medellín de fecha 15 de junio de 2014, página 2, tronó así en una columna
titulada “¡BASTA DE COBARDÍAS Y COMPLEJOS DE INFERIORIDAD:
“¡El
expresidente Álvaro Uribe no es Hitler y el senador Iván Cepeda no es Churchill para condenarlo
por inexistentes pecados contra la democracia, como tampoco tienen autoridad
los burócratas de la Cidh!”
¿Qué
diría ahora este expresidente de la Corte Constitucional de Colombia que con su sentencia subrayó el
carácter de las CONVIVIR como doctrina y política de Estado?
Qué
diría este “demócrata” incondicional de la barbarie que truena con ínfulas de valiente
después de haber presenciado la huida de Uribe Vélez por entre las
alcantarillas- como le gritó la senadora Claudia López- utilizando la
dialéctica cobarde de la estigmatización contra Iván Cepeda, convencido que
podía repetir lo mismo y con los mismos efectos del estigma que utilizó contra su padre Manuel Cepeda?
Ninguno
de los expresidentes ni sus ministros, salvo el último “ministro de guerra”,
General Alberto Ruiz Novoa, desde Guillermo León Valencia hasta los presidentes
que administraron con celo la “doctrina
de la seguridad nacional” encarnada en las CONVIVIR, ni los directores y
propietarios de los partidos tradicionales, ¡ninguno!, se han arrepentido de
ser los servidores de quienes les impusieron desde el exterior, tal aterradora
doctrina. Y como no se han arrepentido, son culpables del genocidio practicado
por décadas contra el pueblo, cuyo
balance ha hecho el Grupo de Memoria Histórica.
Los
políticos tradicionales con sus
diferentes disfraces, nombres y colores, son los verdaderos culpables de
nuestra tragedia. En Colombia no tienen quién los juzgue y a nadie le interesa
jugarlos, porque desde cuando la justicia fue repartida paritariamente entre liberales
y conservadores, los jueces están inmersos en el mismo lodo de los políticos,
como no es necesario repetirlo.
El
debate olvidó que Uribe es uno, solo uno más, de quienes tienen cuentas con la
justicia internacional, porque la colombiana NI QUIERE NI PUEDE juzgarlos. Y
para colmo de males los ejecutores del más moderno y feroz paramilitarismo
(complemento del Consenso de Washington), son los aliados y asesores del
Presidente Santos II.
No
queda sino la CPI, a la que han engatusado según parece. ¿Hasta cuándo?
Mientras los políticos colombianos no purguen en la cárcel la pena imprescriptible
de sus crímenes de lesa humanidad, la sociedad colombiana seguirá enferma y
moralmente afligida. Mientras tanto, “allí siguen la democracia sin pueblo y el
mismo río sucio”, como dijo el exmagistrado que salvó su voto en el tema de las
CONVIVIR, Eduardo Cifuentes Muñoz (El Espectador, 21 de septiembre de 2014,
página 51).
¡Que
los políticos tradicionales no se sigan escudando con los militares! Recuérdese
bien: quienes adoptaron y aplicaron la doctrina que engendró el terrorismo de
Estado son los civiles que fungen como comandantes en jefe de las Fuerzas
Militares.
MAMU
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