Noticia
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo
ante el ECOSOC y
representación permanente ante la ONU de Nueva York y Ginebra
Declaración de la Asociación Americana de Juristas ante la destitución del
Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de Bogotá en la República
de Colombia e inhabilitación por 15 años
La
Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con
estatuto consultivo en las Naciones Unidas, manifiesta su profunda preocupación
por la destitución del Dr. Gustavo Petro Urrego del cargo de Alcalde Mayor de
Bogotá y su inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por quince años,
llevado a cabo mediante un procedimiento poco transparente por el Procurador
General de Nación de la República de Colombia, Dr. Alejandro Ordoñez, conocido
por sus posiciones intolerantes y por su cercanía al “Uribismo”.
La
AAJ considera que tales medidas fueron adoptadas con dedicatoria a un político
progresista, de manera desproporcionada y en violación al Pacto Internacional
de Derechos Políticos y Civiles, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y la Constitución de Colombia, pues, un funcionario público designado como es
el Procurador, no está capacitado para revocar la voluntad popular. Petro fue
elegido como Alcalde Mayor de Bogotá el 30 de octubre de 2011, por una mayoría
de 721.308 votos para un periodo constitucional de cuatro años, cargo que
asumió el 1 de enero de 2012.
Observamos
que la destitución de Preto se produce en un contexto histórico muy importante
para el pueblo colombiano: las negociaciones de paz entre el gobierno
colombiano y la FARC en La Habana; el proyecto de la Bogotá Humana; y un
movimiento social en el país con gran capacidad de convocatoria, movilización y
protesta en las calles por campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas,
afrodescendientes, trabajadores y una amplia diversidad de organizaciones.
Asimismo, la AAJ opina que las oligarquías y enemigos de la paz en Colombia
buscan cualquier pretexto para erosionar el proceso de paz, mantener las
políticas neoliberales y los TLC, controlar el aparato gubernamental y frenar
cualquier iniciativa de democracia participativa. A ese respecto, es importante
referirnos al antecedente de la destitución e inhabilitación de la Senadora
Piedad Córdoba, con el fin de dar un golpe contundente a una solución negociada
del conflicto interno en Colombia.
En
el adelanto del plan de desarrollo distrital “Bogotá Humana”, que promueve
devolver los hospitales, la educación y los servicios públicos esenciales a las
instituciones públicas,
el Alcalde de Bogotá Petro
implementó un nuevo esquema para el servicio público de aseo y la recolección
de los desechos sólidos o basura, que implicaba enfrentarse al monopolio de
ciertas empresas privadas vinculadas al poder central, de más de 20 años, y la
desprivatización de este servicio público. El Alcalde Petro estaba
desarrollando un modelo alternativo de ciudad, más equitativo, tomando en
consideración los problemas ambientales, e incluyó en la prestación del
servicio la participación de la población dedicada al reciclaje de las basuras.
Aún en la hipótesis de la existencia de errores de implementación de la medida,
ello no justifica de modo alguno la decisión del Procurador General de declarar
al Alcalde “disciplinariamente responsable” y la sanción de destitución e
inhabilitación el 9 de diciembre del presente año.
La
decisión del Procurador, reiteramos, viola el Pacto Internacional de Derechos
Políticos y Civiles (arts. 2, 3, y 25), suscrito por Colombia en 1969, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), ratificada por
Colombia en 1973, que dispone que los derechos políticos pueden ser suspendidos
únicamente por vía jurisdiccional mediante providencia de un juez competente,
como resultado de un proceso penal. En el caso del Alcalde Mayor de Bogotá no
hay sentencia judicial previa y la sanción de procuraduría es claramente
contraria a las disposiciones de las normas internacionales. Además, la
decisión desconoce el Artículo primero de la Constitución de la República de
Colombia, que defiende el Estado Social de Derecho, el pluralismo ideológico y
el respeto a la dignidad humana. Nos preguntamos en dónde queda la prevalencia
del Artículo tercero de la Constitución de la República de Colombia que
taxativamente establece, “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo,
del cual emana el poder público”.
El
Dr. Gustavo Petro Urrego tiene una larga trayectoria de servicio público,
incluyendo cargos administrativos, diplomáticos y parlamentarios. En el año
2006 fue electo Senador representando al Polo Democrático Alternativo (PDA),
obteniendo la segunda mayor votación del país. En el 2009 Petro Urrego renunció
a su cargo de Senador para aspirar a la Presidencia de Colombia, en representación
del Polo Democrático Alternativo obteniendo 1.331.267 votos.
Varias
figuras públicas como el Ministro de Justicia de Colombia, Dr. Alfonso Gómez
Méndez, el Fiscal General Eduardo Montealegre y otras autoridades han
manifestado la necesidad de revisar las normas que permiten la inhabilitación
de personas que han sido electas por voto popular, las faltas de garantías para
los procesados por faltas disciplinarias y violaciones al debido proceso.
Por tanto, la AAJ:
1. Manifiesta su apoyo a la restitución a su cargo
del Alcalde Mayor de Bogotá.
2.
Exhorta al Congreso de la República de Colombia a reglamentar debidamente las
funciones y facultades del Procurador General de la Nación para que se adecue a
los principios de la Constitución y a los pactos y convenciones internacionales
suscritos por Colombia en el marco del respeto y
la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos políticos y civiles.
3. Solicita a las instancias constitucionales
administrativas, disciplinarias y jurisdiccionales correspondientes a revocar
la desproporcionada sanción impuesta administrativamente al Alcalde Mayor de
Bogotá en abierta oposición a los preceptos consagrados en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana
de Derechos Humanos.
4.
Reitera su apoyo a una solución negociada del conflicto armado en Colombia.
Esperamos que el Acuerdo establezca una reforma agraria y garantías que
aseguren la democratización del país y la construcción de una sociedad justa,
libre de la impunidad, el narcotráfico y los paramilitares.
15 de diciembre de 2013
Vanessa Ramos Hernán
Rivadeneira J.
Presidenta AAJ Continental
Secretario General
(VRamos1565@aol.com)
(hr21908@gmail.com)
Beinusz Szmukler
Presidente
del Consejo Consultivo de la AAJ
(beinusz@gmail.com)
Leia mais.
Colombia
La comunidad internacional rechazó la destitución del alcalde de Bogotá
La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, movilizó a la comunidad internacional para pronunciarse por el rechazo a la medida adoptada el lunes por la Procuraduría General de Colombia y que instaló el debate por la reforma de la justicia.
Alcaldes de la región,
eurodiputados, organizaciones de indígenas colombianas y hasta las FARC se
pronunciaron hoy en rechazo por la destitución e inhabilitación por 15 años
para ejercer cargos públicos contra Petro dispuesta el lunes por el procurador
general, Alejandro Ordóñez, según reportaron las agencias de noticias DPA y
EFE.
Ordóñez, calificado como un ultraconservador católico, acusó al alcalde de haber cometido "graves irregularidades" por haber cambiado hace un año el modelo de recolección de residuos, proceso que dejó a Bogotá sin ese servicio por tres días.
La medida, que será apelada ante la instancia correspondiente, que es el mismo procurador general, movilizó el lunes a miles de bogotanos en apoyo de Petro, exguerrillero del M-19, y puso en carrera de manera inesperada a varios candidatos ante la eventualidad de una convocatoria a elecciones, de confirmar Ordóñez su propio fallo.
Hoy, los jefes comunales de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron en una carta su apoyo y solidaridad a su colega y consideraron que su destitución es "un duro golpe a la gobernabilidad" de Bogotá y "una peligrosa señal" para las democracias de la región.
Los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri cuestionaron en la misiva el hecho de que "una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima".
Ordóñez, calificado como un ultraconservador católico, acusó al alcalde de haber cometido "graves irregularidades" por haber cambiado hace un año el modelo de recolección de residuos, proceso que dejó a Bogotá sin ese servicio por tres días.
La medida, que será apelada ante la instancia correspondiente, que es el mismo procurador general, movilizó el lunes a miles de bogotanos en apoyo de Petro, exguerrillero del M-19, y puso en carrera de manera inesperada a varios candidatos ante la eventualidad de una convocatoria a elecciones, de confirmar Ordóñez su propio fallo.
Hoy, los jefes comunales de la Red de Ciudades Suramericanas (Redcisur) manifestaron en una carta su apoyo y solidaridad a su colega y consideraron que su destitución es "un duro golpe a la gobernabilidad" de Bogotá y "una peligrosa señal" para las democracias de la región.
Los alcaldes o intendentes de Lima, Susana Villarán de la Puente; Río de Janeiro, Eduardo Paes; La Paz, Luis Revilla; Santiago de Chile, Carolina Tohá Morales; Montevideo, Ana Olivera; Asunción, Arnaldo Samaniego; Quito, Augusto Barrera, y Buenos Aires, Mauricio Macri cuestionaron en la misiva el hecho de que "una acción de una autoridad administrativa destituya a un gobernante elegido por voto popular de manera legítima".
Las Farc, que el lunes había considerado el
fallo del procurador como un atentado al diálogo de paz que mantiene con el
gobierno de Santos, llamó a los colombianos para "alzarse contra la
dictatorial destitución"
Los cuestionamientos vinieron también por el lado del
fiscal general, Eduardo Montealegre, que tiene la potestad de revisar los
fallos de procurador, al calificar como "inquisitivo, medieval y carente
de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria" el
modelo que maneja la Procuraduría en manos de Ordóñez.
"No puede ser que un mismo funcionario sea quien ponga una sanción y él mismo sea la segunda instancia", resaltó Montealegre en alusión a las competencias del procurador, encargado del control y fiscalización a los funcionarios públicos, por lo que calificó a ese organismo de "no garantista".
El fiscal general aprovechó así el episodio para reclamar una reforma de la justicia, ya que, según opinó, "es inconveniente que se permita la reelección del procurador general de la nación" y por eso reclamó "rediseñar los órganos de control".
"Creo que uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que quedó en deuda con el país en materia de una reforma a la justicia", enfatizó.
Montealegre pidió a su vice fiscal, Jorge Perdomo, "una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde".
La inspección a la Procuraduría siguió a la petición que hizo ayer el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tood Howland, de reunirse con el procurador para tratar el caso de Petro.
"Podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él", precisó Howland.
El destituido alcalde ya pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También hoy un grupo de eurodiputados expresó por carta al presidente Santos su "profunda preocupación" por la decisión del procurador Ordóñez, al considerar que Petro fue "elegido por una mayoría de votos".
En el plano local, la guerrilla de las Farc, que el lunes había considerado el fallo del procurador como un atentado al diálogo de paz que mantiene con el gobierno de Santos, llamó hoy a los colombianos a "salir a la calle" para "alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá", con quien admitió tener diferencias ideológicas.
El comunicado firmado por el secretariado de las FARC señaló que "la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política, son las causas de la larga confrontación armada que se libra" en Colombia y que "el fallo del señor procurador simplemente lo confirma".
Por otra parte, unos 300 integrantes de la Guardia Indígena viajarán hoy desde el departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde para participar el viernes de una marcha en respaldo a Petro, según informó Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa.
La marcha fue convocada el lunes por Petro durante el discurso que brindó desde el balcón del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía, donde llamó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra el fallo de Ordóñez al que denunció de utilizar el tema de la recolección de residuos como pretexto para perseguirlo políticamente.
"No puede ser que un mismo funcionario sea quien ponga una sanción y él mismo sea la segunda instancia", resaltó Montealegre en alusión a las competencias del procurador, encargado del control y fiscalización a los funcionarios públicos, por lo que calificó a ese organismo de "no garantista".
El fiscal general aprovechó así el episodio para reclamar una reforma de la justicia, ya que, según opinó, "es inconveniente que se permita la reelección del procurador general de la nación" y por eso reclamó "rediseñar los órganos de control".
"Creo que uno de los grandes talones de Aquiles que tiene el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que quedó en deuda con el país en materia de una reforma a la justicia", enfatizó.
Montealegre pidió a su vice fiscal, Jorge Perdomo, "una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde".
La inspección a la Procuraduría siguió a la petición que hizo ayer el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tood Howland, de reunirse con el procurador para tratar el caso de Petro.
"Podemos hablar de los derechos del alcalde o sus derechos de participar en política, pero yo creo que lo más importante es que tenemos que hablar de los derechos de los ciudadanos de Bogotá que votaron por él", precisó Howland.
El destituido alcalde ya pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También hoy un grupo de eurodiputados expresó por carta al presidente Santos su "profunda preocupación" por la decisión del procurador Ordóñez, al considerar que Petro fue "elegido por una mayoría de votos".
En el plano local, la guerrilla de las Farc, que el lunes había considerado el fallo del procurador como un atentado al diálogo de paz que mantiene con el gobierno de Santos, llamó hoy a los colombianos a "salir a la calle" para "alzarse contra la dictatorial destitución del alcalde de Bogotá", con quien admitió tener diferencias ideológicas.
El comunicado firmado por el secretariado de las FARC señaló que "la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política, son las causas de la larga confrontación armada que se libra" en Colombia y que "el fallo del señor procurador simplemente lo confirma".
Por otra parte, unos 300 integrantes de la Guardia Indígena viajarán hoy desde el departamento del Cauca hacia Bogotá para defender al alcalde para participar el viernes de una marcha en respaldo a Petro, según informó Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa.
La marcha fue convocada el lunes por Petro durante el discurso que brindó desde el balcón del Palacio de Liévano, sede de la Alcaldía, donde llamó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente contra el fallo de Ordóñez al que denunció de utilizar el tema de la recolección de residuos como pretexto para perseguirlo políticamente.
VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL
Eduardo Montealegre, el fiscal general de la Nación ha
manifestado que la destitución e inhabilitación por 15 años del alcalde de
Bogotá, Gustavo Petro, podría traer “consecuencias e implicaciones políticas
enormes para la democracia”.
Por otro lado Montealegre, en los próximos días se
reunirá con el presidente Juan Manuel Santos, para analizar la situación.
Además el fiscal dijo en una entrevista este fin de
semana con Efe que la solución para esa crisis está en manos del jefe de
Estado, que debe decidir si el procurador general, Alejandro Ordóñez, tiene
facultades para destituir o no a Gustavo Petro.
Además expresó: “Mi posición frente al presidente de la
República va a ser muy clara. Creo que hay que reconocer una crisis
institucional y además le diré al presidente de la República que la llave
maestra para solucionar la crisis institucional la tiene el propio presidente”
y explicó que hay una tesis que dice que sólo el presidente puede destituir al
alcalde de Bogotá.
“El presidente tiene que tomar una decisión contundente
acerca de la delimitación de competencias. O es el procurador o es él. Yo le
voy a solicitar al presidente que tome una postura muy clara frente al tema
acerca de si el competente es el procurador o el presidente de la República”
agregó el fiscal.
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