Entidades emitem nota pública em defesa e repúdio a campanhas de desprestígio contra o festejado jurista, professor Doutor da Universidade de Buenos Aires e Ministro da Suprema Corte Argentina, Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, reconhecido como uma das maiores autoridades mundiais em Direito Penal na atualidade e referência obrigatória na América Latina, sendo um dos responsáveis por fazer uma releitura crítica do Direito Penal.
Leia as diversas manifestações:
1)- DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD DE LA ALAL CON RAUL EUGENIO ZAFFARONI
Hemos leido en las últimas 24 horas varias declaraciones de solidaridad sobre el ilustre jurista argentino y latinoamericano RAÚL EUGENIO ZAFFARONI, víctima de infundios y opiniones malintencionadas difundidas por la prensa argentina de aquellos que no pueden ni siquiera situarse a la altura de tan insigne representante de lo mejor de la abogacía latinoamericana.
El Comité Ejecutivo de la ALAL en representación de todas sus organizaciones y miembros individuales afiliados, rechaza de plano cualquier tipo de enjuiciamiento sobre su persona que no está avalado por una investigación seria y objetiva, llevada por antecedentes de ansias de poder de algunos que aprovechan oportunidades para intentar manchar la figura limpia de un hombre dedicado a su justa causa en defensa del derecho.
Nos solidarizamos con las declaraciones de la AAJ Rama Argentina, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, de la Red Latinoamericana de Jueces, de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y del Centro de Estudios Legales y Sociales y todas las que en el futuro se publiquen, haciendo nuestras las siguientes palabras de la declaración de la ALDPC: El Dr. Zaffaroni es "un hombre recto e intachable, cuya vasta trayectoria en pro de la defensa de los derechos humanos le ha situado en los más altos lugares de la Academia, de la Justicia y de la Política, tanto en su país, como a nivel internacional"
Link: http://lguevara-derecholaboral.blogspot.com/
2)- ECLARACION DE LA AAJ RAMA ARGENTINA EN SOLIDARIDAD CON EL DR RAUL EUGENIO ZAFFARONI.
"Siempre he admirado las enseñanzas de estos maestros, en particular de Raúl Zaffaroni, quien es seguramente a nivel internacional uno de los juristas más ilustres de nuestro tiempo. Estos grandes maestros han restituido a las disciplinas penalistas la dimensión civil y democrática que tuvieron en sus orígenes con la Ilustración, dando vida -y no casualmente en Argentina, donde los horrores del arbitrio policial y de la represión política han sido más dolorosos y terribles- a un movimiento democrático y garantista de penalistas y criminólogos, que combina rigor científico y militancia cultural, reflexión teórica y pasión democrática."
Luigi Ferrajoli
La Asociación Argentina de Juristas, Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, ONG con estatuto consultivo en las Naciones Unidas, desea expresar su solidaridad con el Dr. Raùl Eugenio Zaffaroni ante los agravios a su persona, al pretenderse involucrarlo con el funcionamiento de prostíbulos en inmuebles de su propiedad.
Resulta una ofensa a la inteligencia, pretender que la circunstancia de alquilar un inmueble a través de una inmobiliaria y con la intervención de un administrador, coloca en la condición de participe de una organización ilícita dedicada a la explotación sexual, a quien resulta el más prestigioso jurista de las ciencias penales de la región y un luchador inclaudicable contra la trata y en defensa de los derechos humanos.
No solo es público y notorio que nadie dedicado a actividades delictuosas de esa naturaleza utiliza bienes registrables a su nombre. Resulta obvio que el más destacado de los penalistas argentinos no cometería tal torpeza, si estuviera involucrado. Sobre todo, es de sentido común que tal conducta no puede atribuirse a un hombre, cuya trayectoria académica, pensamiento, y militancia social y cultural, le han dado prestigio y galardones en el ámbito nacional e internacional.
Llama poderosamente la atención a quienes integramos esta organización, la liviandad con que se vierten a la opinión pública las impúdicas acusaciones que algunos personajes y “opinólogos” realizan sobre el Dr. Zaffaroni, exigiendo incluso su renuncia como juez de la Corte Suprema, generosamente difundidas por buena parte de los medios gráficos y audiovisuales, sin siquiera otorgarle el derecho que tiene cualquier persona a gozar de la presunción de inocencia.
Nuestra condición de juristas nos impone señalar que este episodio tiene todas las características de una operación política destinada a menoscabar su persona y su prestigio, con miras a destituirlo como Juez de la Corte Suprema de la Nación, y a influir con metodología deleznable en el proceso electoral en curso provocando un daño personal e institucional difícil de subsanar.
Por todo ello,
La Asociación Argentina de Juristas, afirma que resulta indispensable una investigación profunda que determine la verdad de los hechos imputados y la responsabilidad en esta maniobra, que incluya a todos los autores materiales e intelectuales que han participado en ella, el castigo que la ley prevé y el cumplimiento del deber que todos los medios de comunicación tienen en difundir el desagravio, con la misma dimensión que difundieron las injurias y calumnias.
El daño ya se ha producido.
Es tarea de todas las Instituciones, organizaciones y personas, que nos hemos nutrido de la obra académica y cultural de este gran ser humano, encontrando en él un referente en la batalla por una sociedad mejor y un mundo más justo, comprometernos en reafirmar el honor que tiene y el respeto que merece.
C.A.B.A, 2 de Agosto de 2011.
Beinusz Szmukler
Presidente del Consejo Consultivo Continental
RAMA ARGENTINA
Ernesto Moreau Carlos M. Vilas
Presidente Vice-presidente
Claudia Rocca Rosana Actis María Cristina Hammermuller
Secretaria General Secretaria de Prensa Tesorera
3)- De: Presidencia www.REDLAJ.net
NOTA PÚBLICA
La Red Latinoamericana de Jueces manifiesta su más firme repudio a la incesante y sistemática campaña de desprestigio que se ha desatado, en los últimos días, en algunos medios de comunicación masiva de la República Argentina, contra la figura del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni.
Se han reproducido mediaticamente solicitudes de renuncia, que en algunos casos aprovechando la coyuntura electoral, en forma antirrepublicana buscan sacarlo de la Corte Suprema de Justicia.
El tenor de tamaño destrato no se ha centrado en su actuación como magistrado, sino en cuestiones de su vida personal. Se está asistiendo a una exacerbada cantidad de términos injuriosos en contra del magistrado, amparada en una supuesta “pretensión de moralidad”, sin respeto de su investidura y sin interés por escuchar las explicaciones que pueda dar en el ámbito institucional que corresponda.
El Dr. Zaffaroni, en el ámbito del derecho penal y la criminología representa, al día de hoy, el más importante exponente del mundo jurídico de habla hispana. Contar con su presencia en la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, desde hace relativamente pocos años, constituye un valor de calidad institucional de enorme trascendencia.
Esos valores institucionales, sumados a la honestidad personal e intelectual del Dr. Zaffaroni, demostrada en su vasta y dilatada trayectoria como profesor y jurista, motivan a esta Red Latinoamericana de Jueces a dar apoyo y manifestar la más alta consideración y respeto a la figura de este gran magistrado latinoamericano.
Belo Horizonte (BRASIL) y Montevideo (URUGUAY) a los CUATRO días del mes de Agosto de 2011.
José Eduardo de Resende Chaves Junior Gabriela MerialdoCobelli
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
RED LATINOAMERICANA DE JUECES
4)- Red Jurídica de la Unión Nacional de Juristas de Cuba
La Habana, 5 de agosto de 2011
FIN A LA INJUSTICIA, LIBERTAD YA!
Declaración de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología (se ruega difundir)
http://www.facebook.com/notes/matias-bailone/declaraci%C3%B3n-de-la-asociaci%C3%B3n-latinoamericana-de-derecho-penal-y-criminolog%C3%ADa-se-/10150251290781659
De Matias Bailone, el jueves, 04 de agosto de 2011 a las 16:42
"Ante las informaciones que se han vertido en la prensa argentina, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología manifiesta su total solidaridad para con el Profesor Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, hombre recto e intachable, cuya vasta trayectoria en pro de la defensa de los derechos humanos le ha situado en los más altos lugares de la Academia, de la Justicia y de la Política, tanto en su país, como a nivel internacional. El profesor Zaffaroni ha sido eje central en la formación con espíritu crítico de las actuales generaciones de criminólogos y penalistas latinoamericanos, y es una de las personalidades más prestigiosas de la región. Las inmerecidas acusaciones que pesan en su contra, demuestran que en la arena política cualquier arma vale, cuestión que rechazamos, especialmente cuando través de ello se le ha sometido al juicio de la opinión pública, con ausencia de las garantías de un estado de derecho, especialmente la presunción de inocencia. Es lamentable que sólo por intereses electorales se persiga la destrucción de quien ha sido el principal precursor de tales garantías en Latinoamérica. Confiamos en que el pueblo argentino no se dejará engañar."
Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología
5 de agosto de 2011
Posición del CELS sobre las acusaciones al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Eugenio R. Zaffaroni
CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales, el jueves, 04 de agosto de 2011 a las 16:29
http://www.facebook.com/notes/cels-centro-de-estudios-legales-y-sociales/posici%C3%B3n-del-cels-sobre-las-acusaciones-al-ministro-de-la-corte-suprema-de-justi/202358579818660
El Centro de Estudios de Estudios Legales y Sociales (CELS) hace pública su solidaridad con el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, ante los ataques dirigidos sobre la base de acusaciones escandalosas e imprecisas, y con un alto contenido de hipocresía. De este modo se pretende demonizar al juez e instalar sobre él una condena sin sustento, cuando ni siquiera se sabe si existe algún delito y, de ser así, quién lo habría cometido. Esta criminología mediática, tal como él mismo la ha llamado, comienza por la condena y no se sostiene en la comprobación de un delito sino en la denuncia pública indeterminada. El juez Zaffaroni no es acusado por lo que hizo sino por lo que representa.
Su trayectoria como académico, activista e integrante del poder judicial es conocida por todos. Largas horas duró la audiencia ante el Senado de la Nación en la que dio cuenta de sus atributos para ocupar un lugar en el máximo tribunal del país. Quienes luchamos por la recuperación democrática y la vigencia de los derechos humanos nos sentimos reconfortados con su designación.
Por eso nos alarma que hoy se lo fustigue con tanta ligereza. Si no es posible para algunos medios de comunicación dar cuenta de la trayectoria de Zaffaroni y contextualizar la información que brindan para enriquecer el debate democrático, al menos debería existir ese límite entre las fuerzas políticas. En especial cuando algunas de esas fuerzas se suman a la condena mediática en el contexto de la campaña electoral y llegan al extremo de pedir la renuncia del magistrado, “aunque no haya cometido un delito”.
¿Es esta la discusión sobre la justicia que se propone? La incorporación de Zaffaroni a la Corte Suprema se dio en el marco del proceso de recomposición del máximo tribunal, luego de un periodo en el que la Corte de la mayoría automática habilitó el desguace del Estado y la absoluta desprotección judicial. La calidad institucional de esta Corte ha sido reconocida y ha quedado demostrada en sus fallos. Los ataques a Zaffaroni pretenden poner en riesgo esos avances.
El debate sobre la independencia judicial en Argentina es tan superficial que los mismos que motorizan las acusaciones contra Zaffaroni luego se escandalizan y denuncian presiones a los jueces cuando se los critica por tomar decisiones que benefician a los poderes fácticos y van en contra del interés público. ¿Acaso este tipo de ataques no representan una presión indebida y una afectación directa a la independencia judicial? ¿Por qué, en este caso, los valores republicanos no son defendidos con ahínco por aquellos sectores que enarbolan ese tema como bandera?
Es lamentable que tenga lugar este debate cuando se debería pedir a los jueces que rindan cuentas por las decisiones que toman y que generan consecuencias gravísimas como el hacinamiento y la tortura de miles de presos o la represión de los conflictos sociales. Nuestro país enfrenta enormes asignaturas pendientes en materia de política judicial que no pueden quedar reducidas a especulaciones de campaña. En todo caso, la agenda electoral debería dar lugar a la saludable y legítima discusión sobre el rol del poder judicial en el acceso a derechos para los grupos más vulnerables.
Horacio Verbitsky Gastón Chillier
Presidente Director Ejecutivo
5)- AAL - La ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS
EXPRESAMOS NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL DR. RAÚL EUGENIO ZAFFARONI.
La ASOCIACION DE ABOGADOS LABORALISTAS manifiesta su total solidaridad y apoyo al Dr. Raúl Eugenio Zaffaroni ante los hechos de público conocimiento mediante los cuales se lo pretende involucrar interesadamente, para así atacar no solo a su persona, sino también a su investidura y a la Institución que representa socialmente.
Es absurdo e inaudito que ante un hecho presuntamente ilícito y que requiere la investigación judicial pertinente, se acuse a una persona que eventualmente ha sido víctima de la situación de que se trata. En efecto, de haberse cometido un ilícito, el Dr. Zaffaroni ha sido uno de los perjudicados pues se habría utilizado los inmuebles dados en alquiler para fines diversos a los establecidos contractualmente e inclusive se podría haber incurrido en delitos de gravedad notoria.
Se pretende inculpar de un hecho a quien en realidad ha sido víctima del mismo. Y es de preguntarse los motivos de este, reitero, absurdo e inaudito proceder tanto de alguna prensa descalificable como de ciertos infaltables figurones. Esto puede dar lugar a múltiples hipótesis, pero lo que si podemos definir es lo que genera esta “denuncia”. Es evidente que se intenta descalificar a una de las figuras políticas que tienen la particular característica de ser coherente en la defensa de los derechos humanos y sociales; que ha sido consecuente en la lucha jurídica y judicial contra el narcotráfico; que ha mantenido y mantiene una posición política y jurídica independiente; que es representante reconocido de una Corte Suprema de Justicia de la Nación que fundamentalmente en nuestra materia ha generado una jurisprudencia progresista y humanista colocando al trabajador como centro de principal tutela.
El Dr. Zaffaroni no puede ni debe ser botín de guerra de la campaña política en ningún sentido. Expresamos nuestro total apoyo y solidaridad con este Juez de la Nación que prestigia a la magistratura como así también repudiamos esta evidente campaña en su contra, que como dijimos y reiteramos, significa un ataque al Poder Judicial y pretende afectar su necesaria independencia.- Exigimos una profunda investigación que permita determinar quienes han sido los autores materiales e intelectuales de esta campaña y se tomen las medidas pertinentes para castigar a sus responsables. La salud de la democracia lo requiere.
Buenos Aires, agosto 4 de 2011
FERNANDO NUGUER GUILLERMO PAJONI
Secretario General Presidente
Ciudad Nativa
Raul-zaffaroni-juez-de-la-corte-suprema-argentina
6)- SOLIDARIDAD CON ZAFFARONI
Se ha desatado en Argentina una campaña mediática contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, excelente jurista progresista, discípulo de Jiménez de Asúa y uno de los penalistas más comprometidos y críticos. Su labor en la CSJ argentina ha sido reconocida como fundamental en la defensa de los derechos humanos, la derogación de la ley de punto final y el planteamiento de bases democráticas en la estructura de las agencias estatales de represión. Ha colaborado asimismo en los fallos que desmontan una buena parte del andamiaje neoliberal en materia laboral, y en las importantes decisiones sobre reconocimiento de los sindicatos "libres", sin personería gremial, que han transformado profundamente el contexto de la acción sindical en aquel país. El doctor Zaffaroni fué investido doctor honoris causa por la UCLM en el año 2004. A continuación se repreoducen los priemros comunicados de asociaciones de juristas, abogados laboralistas y jueces de trabajo, de denuncia de estas maniobras injuriosas que tienen por objeto neutralizar el pensamiento político progresista y emancipatorio de este excelente jurista universal.
Link: http://ciudadnativa.blogspot.com/2011/08/solidaridad-con-zaffaroni.html
7)- LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE JUECES DEL TRABAJO FRENTE A LA SITUACIÓN DEL JUEZ ARGENTINO EUGENIO RAÚL ZAFFARONI
Según informaciones difundidas por algunos medios de comunicación masiva, en algunos inmuebles de propiedad del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina, se habrían desarrollado actividades vinculadas a la explotación de la prostitución.
A través de la misma vía, el doctor Zaffaroni manifestó que oportunamente había otorgado un poder a una persona para que se ocupara de la administración de sus propiedades, que en la suscripción de los respectivos contratos de locación y en el cobro de los alquileres había intervenido una inmobiliaria, que no conoce a los locatarios, que nunca había recibido denuncia alguna por la desnaturalización de alguno de los contratos o por violación del pertinente reglamento de copropiedad, y que ignoraba lo sucedido dentro de los departamentos.
No tenemos conocimiento de la existencia de ninguna denuncia penal en contra del doctor Zaffaroni, ni del inicio del juicio político previsto en la Constitución Argentina para la destitución de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el marco de las circunstancias descriptas precedentemente, consideramos imprescindible efectuar las siguientes reflexiones.
El art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) dispone:
“1.Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad”.
“2.Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”.
“3.Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.
Como sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.
En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios deben rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas (CIDH, Casos “Herrera Ulloa vs. Costa Rica” sentencia de 2/07/2004, “Canese vs. Paraguay” sentencia de 21/08/2004 y “Kimel vs. Argentina”, sentencia de 2/05/2008).
Sin embargo, el cimero tribunal americano formula dos observaciones que consideramos relevantes para este caso.
En primer lugar, los jueces, al igual que cualquier otra persona, están amparados por la protección que les brinda el art. 11 de la CADH. Por otra parte, el art. 13.2.a) de la CADH establece que la “reputación de los demás” puede ser motivo para fijar responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad de expresión. En consecuencia, la protección de la honra y reputación de toda persona es un fin legítimo acorde con la Convención.
En segundo término, en el marco de la libertad de información existe un deber del periodista de constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en que fundamenta las opiniones. Es decir, resulta válido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información. Esto implica el derecho de las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. En consecuencia, los periodistas tienen el deber de tomar alguna distancia crítica respecto a sus fuentes y contrastarlas con otros datos relevantes (CIDH, Caso “Kimel”).
En este contexto, reivindicamos el derecho del doctor Zaffaroni a no ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.
Asimismo, reclamamos prudencia y mesura en el tratamiento periodístico de la cuestión, criterios que no parecen compatibles con los pedidos de renuncia al magistrado efectuados en el marco de una suerte de condena “mediática” anticipada, sin formal acusación previa y sin darle al interesado la posibilidad de ejercer cabalmente el derecho de defensa.
El llamado a una actitud responsable de los medios de comunicación masiva en el tratamiento de la noticia no implica de ningún modo propiciar la censura previa, ni coartar la libertad de pensamiento y expresión, sino instar a la autolimitación fundada en normas éticas.
En tal sentido, según la Declaración de Principios sobre libertad de expresión adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
“La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados”.
Destacamos que el pasado 3 de agosto, ante consultas formuladas por la prensa sobre la situación del ministro Zaffaroni, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, señaló en lo pertinente:
“…Nosotros creemos que hay que darle la oportunidad al doctor Zaffaroni que explique, ser respetuosos, tratar de seguir los caminos institucionales que correspondan. Todo se irá aclarando. Él tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, démosle la oportunidad como cualquier ciudadano del país la tiene de dar sus explicaciones en los casos que sea necesario. Por sobre todas las cosas debemos ser respetuosos, esperar los tiempos, ser equilibrados y mesurados…”.
Es menester destacar enfáticamente que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si bien el art. 8 de la CADH se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos.
A pesar de que la mencionada norma no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia penal.
Si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la CADH se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por esta razón, cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la CADH (CIDH, “Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú”, sentencia de 31 de enero de 2001).
Dentro de las garantías incluidas en el numeral 2 de la norma precitada, se encuentra el derecho a la presunción de inocencia del doctor Zaffaroni, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, presunción que también resulta aplicable aunque se impute la vulneración de una norma ética; es decir, toda persona, incluido naturalmente el doctor Zaffaroni, tiene derecho a que se presuma su integridad ética, salvo que se demuestre cabalmente lo contrario.
Por último, existe consenso en el ámbito judicial latinoamericano acerca de la idoneidad jurídica, académica y ética del doctor Zaffaroni, corroborada por su brillante desempeño en el más Alto Tribunal de la República Argentina, en distintas universidades de este país y del resto del mundo y por su magnífica obra inspirada en un profundo pensamiento de raigambre humanista respetuoso del Estado Constitucional de Derecho y de los derechos humanos fundamentales, y en su compromiso con un mundo justo y solidario.
En particular, destacamos especialmente que, a través de sus eruditos votos, el doctor Zaffaroni ha efectuado aportes decisivos para la construcción de una sólida jurisprudencia basada en los principios fundamentales del Derecho del Trabajo y en el respeto cabal de los derechos humanos fundamentales de los trabajadores reconocidos en las normas constitucionales, en los Tratados, Pactos y Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos y en los Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, contribuyendo decisivamente al prestigio alcanzando por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina en el ámbito latinoamericano.
Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, 10 de agosto de 2.011.
Dr. Oscar Zas
(Presidente)
Dr. Luis Raffaghelli
(Secretario General de Organización y Finanzas)
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