HUGO CAVALCANTI empossado como Presidente da ALJT gestão 2015/2017

Leia a íntegra do discurso de posse de Hugo Cavalcanti como Presidente da ALJT - Associação Latino-Americana de Magistrados do Trabalho, gestão 2015/2017.

Foto: Hugo Cavalcanti

Señoras y Señores:

                

                  Entre 2008 y 2010 tuve la gran honra de presidir la Asociación Lationamericana de Jueces del Trabajo. Hace 5 años que, aquí mismo en Buenos Aires, en memorable solemnidad, transmití el cargo al querido amigo Oscar Zas. Transcurrieron cinco años de exitosas gestiones, durante las cuales , aún sin integrar el Directorio Ejecutivo de la entidad, procuré ofrecer todo el apoyo posible. Acompañé, con alegría, la consolidación de nuestra entidad y el suceso de las iniciativas tomadas, bajo el comando de Zas y, después, Roberto Pompa. Después de combatir un buen combate, me preparaba para, como Paulo,  concluir una carrera y conservar la fe.  Ocurre que una serie de concidencias me condujeron a la circunstancia de estar aquí, hoy, para asumir una vez más la presidencia de ALJT.

                Aclaro, desde luego, que el hecho de no haber buscado esta condición no quiere significar que estaré menos entusiasmado o empeñado en llevas adelante los propósitos de la asociación. No tengan duda de que sigo firma en la disposición de trabajar por un modelo democrático de magistratura y por un Poder Judicial que atienda los anhelos de nuestros pueblos.

                Guiado por este compromiso,  haré todo lo que esté a mi alcance para honrar la confianza que en mí han depositado. Dedicaré lo mejor de mi limitada capacidad, con entusiasmo cotidiano, coraje y permanente disposición.  Pondré la agenda de la entidad en primer plano, aún en detrimento de anhelos personales y expectativas familiares. Me anima la palabra de Pepe Mujica: “haga de su vida la aventura de no apenas soñar con un mundo mejor sino de vivir una vida luchando por él”.

                El desafío es gigante. Los directores y consejeros que asumen hoy los cargos en la ALJT tendremos que afrontar problemas gravísimos, en cumplimiento de la determinación estatutaria de luchar por la existencia de una justicia laboral independiente y democrática.

                La democracia es la mejor manera de gobernar un Estado,  para asegurar derechos esenciales, libertades e  igualdad política, valorizar la paz, la autodeterminación, el desarrollo humano. Para que la democracia existe es necesario un Poder Judicial independiente interna y externamente.

                La independencia judicial, antes que ser un privilegio del juez, se constituye en un valor de extrema importancia para la democracia. En cualquier lugar en que se asegure la total independencia del Poder Judicial  es mayor la probabilidad de un desenvolvimiento regular del juego democrático, con la efectiva protección de los derechos fundamentales y el control regular de todos los poderes públicos.  Cuanto menor sea la subordinación del PoderJudicial al Poder Político, mayor es el equilibrio institucional y democrático (GOMES, 1997:·9).

                Quede en claro que la independencia judicial presupone la independencia interna y la independencia externa del magistrado. Para ser externamente independiente, el magistrado no puede estar, en el acto de juzgar, siquiera mínimamente sometido al Poder Político. Será tanto o más independiente cuanto menor sea su sujeción a interferencias externas. Ésta es la que se denomina independencia política del juez. La libertad de ejercer la jurisdicción subordinándose solamente a las leyes constitucionalmente válidas y a su propia conciencia. Internamente independiente es el juez que no se somete  a las presiones que tienen origen dentro de la propia estructura de la Justicia. Y el juez funcionalmente independiente es quien, en el ejercicio de la actividad jurisdiccional no se sujeta a los órganos de administración de las Cortes, a las estructuras de gobierno de la magistratura.

                La estructura piramidal en que se organiza la justicia desfavorece la independencia interna. Este problema se reproduce en la relación entre todas las instancias. El pragmatismo, la disciplina y la jerarquía judicial son enseñados a los nuevos jueces en los cursos de formación.

                Lo que se quiere es que el magistrado, de integrante de una elite político administrativa, pase a ser un técnico-perito en el acomodamiento de la ley al hecho social, transformándose de ‘constructor de orden’ en garantizador de las condiciones de previsibilidad –la “certeza jurídica” necesarias para la expansión de la vida mercantil.

                Por otra parte, a diferencia de lo que ocurre en las democracias centrales, donde los defectos de la estructura judicial son compensados por elementos de otro orden, permitiendo el mantenimiento del Estado democrático, en los países periféricos, donde los factores democratizantes son mucho más escasos, los fenómenos negativos observables en cualquier democracia se revelan de manera más radical.

En esa estructura, la forma degenerada de un poder judicial independiente es un sistema de corte politizado, en el que las decisiones judiciales están sujetas a fuertes presiones externas o a controles, lo que constituye el defecto estructural más común en las regiones en desarrollo como América Latina, en las que la construcción de un poder judicial efectivamente democrático se impone como necesidad vital.

La construcción de un nuevo modelo de magistratura constituye un gran desafío. Demanda determinación, coraje y desprendimiento. Para ser democrática e independiente, como leciona Zaffaroni, la magistratura precisa ser transparente en sus acciones, luchar por la ampliación del acceso a la Justicia, mejorar la calidad de su servicio, ser confiable, luchar contra el corporativismo y el nepotismo, abandonar prácticas vetustas y, principalmente, asegurar la plena independencia judicial. Particularmente, los jueces de trabajo precisan actuar en el sentido de preservación de la tutela estatal al trabajador hiposuficiente, oponiéndose firmemente a la desregulación, a la flexibilización y a la precarización del trabajo.

La transformación del judiciario, la transición para un modelo de judiciario que pueda, efectivamente, servir a la ciudadanía, a partir de la construcción de un nuevo modelo de magistratura, es el papel del asociativismo de los jueces. Y no puede caber duda de que la acción de la magistratura apoyada en una estructura organizativa consolidada y en un proyecto específico, con objetivos puestos en la transformación de la sociedad, viene alcanzando suceso en algunos países de América Latina.

Por otra parte, no se puede olvidar que en algunos ambientes los jueces no han logrado alcanzar nivel organizacional que permita una interferencia significativa en las cuestiones políticas que les conciernen. Más aún que eso, la falta de una entidad supranacional que reúna a las entidades existentes o, en ausencia de éstas ,congregue, aún individualmente, jueces de todos los países, permitiendo compartir experiencias y la confluencia de propósitos como medio de fortalecimiento político, se viene constituyendo en un obstáculo para el avance de la lucha asociativa.

En el caso específico de la magistratura del trabajo, esta circunstancia se hace sentir en forma más grave. Pocos son los países en que los jueces de trabajo se organizan asociativamente, hecho que perjudica, cuando no inviabiliza, tanto su movilización cuanto el tratamiento de los temas que son de su interés específico.

                Ésta es la razón de la existencia de ALJT y el fundamento de actuación de la entidad.

                Lucharemos decididamente contra las amenazas a la independencia judicial en toda la América Latina, como ocurre, por ejemplo, en Ecuador, donde  jueces actúan bajo la permanente amenaza de procedimientos administrativos y judiciales, inclusive criminales, en algunos casos sin la tipificación de la conducta o la configuración de culpa.  Hay jueces encarcelados en Ecuador, sin la observación del principio de la presunción de inocencia.

                Actuaremos sin tregua por la democratización del Poder Judicia, en busca, por ejempolo , de la garantía de elección directa de los dirigentes del os Tribunales y de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, como viene siendo conquistado, paulatinamente, en Brasil.

                Por otro lado, la tentativa de fragilización de la Justicia del Trabajo será igualmente combatida. Seremos incansables en el sentido de  ver finalmente provistos los cargos vacantes de juez, algunos hace casi una década, en la República Argentina y , sobre todo, en Buenos Aires.

                Buscaremos destruir los impedimentos hoy existentes para el ejercicio del derecho de asociación, gravemente afectado en Venezuela y en Ecuador.

                Se impone, también, la acción decidida contra la precarización del trabajo, especialmente contra la tercerización de la mano de obra. Hay 13 millones de trabajadores tercerizados en Brasil. Tramita en el Congreso  Nacional un proyecto de ley por el que se pretende autorizar la tercerización en cualquier etapa de la actividad empresarial. La empresa Samarco, que causó el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil. En Mina Gerais, anuncia el despido de 14 mil trabajadores tercerizados. En Chile el 70% de la mano de obra ya está tercerizada. En México,  un solo banco despidió cerca de 30 mil empleados para readmitirlos por una empresa interpuesta.

                Del mismo modo tenemos que actuar, en conjunto con los órganos estatales de los diversos países, en  el combate contra el trabajo esclavo. En los últimos 20 años fueron liberados, en Brasil, 50.000 trabajadores en condiciones análogas a las del esclavo, no solamente en el campo sino en grandes ciudades, como San Pablo, donde son explotados migrantes bolivianos. Una buena bandera, en ese sentido, sería el estímulo y la ratificación del protocolo adicional a la Convención 29 de la Organización Internacional del Trabajo.

                Seguiremos actuando por la eliminación del trabajo infantil y de los accidentes de trabajo, inclusive en le sentido de reconocimiento de la competencia de los jueces de trabajo para el juzgamiento de la causas respectivas.

                Vemos con gran preocupación la precarización del trabajo en el ámbito del  empleo público, con la eliminación de derechos clásicos y la tercerización desenfrenada en actividades esenciales.

                Allí están ,en pocas líneas, los principales ejes de la actuación de ALJT en los próximos años.

                Sobre todo, mantenemos erguida la bandera de prevalencia de los tratados sobre derechos humanos sobre la ley nacional. Toda ley ordinaria, para ser válida, debe contarcon una doble compatibilidad vertical materia; o sea, debe ser compatible con la Constitución así como con los tratados de derechos humanos, porque la norma internacional irradia una especia de “eficacia paralizante” sobre la norma nacional que le es inferior. Como corolario, se impone un doble control de verticalidad o de constitucionalidad, y otro de convencionalidad,  comprensión ya consolidada en el ámbito del sistema interamericandeo de protección dee los derechos humanos, desde el juzgamiento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en 26 de septiembre de 2006; como también la necesidad de promoción del control de convencionalidad por los órganos jurisdiccionales nacionales ,  como ha  sido decidido en el caso Trabajadores Cesanteados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú.

                Señoras y Señores:

                Antes de concluir, quiero rendir mis homenajes a todos los dirigentes que se retiran, lo que hago en la persona del presidente Roberto Pompa. Hombre inteligente, talentoso y activo, que se despide de sus atribuciones en los últimos tres años y nos entrega a la ALJT, hoy, todavía más respetada y consolidada. Muchas gracias, Roberto.

                Agradezco,  ahora, por el ejemplo y por el estímulo, a Mario Elffman. LA ALJT no existiría si no hubiera sido soñada por Mario Elffman, y, después, por Antonia Mara Loguercio, sueño generosamente compartido conmigo y con otros compañeros, como Grijalbo Coutinho, Madalena Telesca y Luis Raffaguelli; que nos permitió, como entusiastas seguidores, llevar adelante la tarea de llevar adelante la tarea de transformar el sueño en realidad. Espero seguir contando con el apoyo y la colaboración de todos.

                Y a los colegas que asumen conmigo este desafío, ofrezco la sentencia de José Martí: “Juntarse: ésta es la palabra del mundo”. Juntos, lograremos realizar nuestros elevados propósitos.

                MUCHAS GRACIAS.

(*) Hugo Cavalcanti Melo Filho é Professor Adjunto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e Professor Titular de Direito do Trabalho da Faculdade Marista do Recife e da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da 6.ª Região. Ocupa a Cadeira n.º 10 da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho. Foi presidente da Associação Latino Americana de Juízes do Trabalho e da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. Foi Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, sendo recém empossado o Novo Presidente da da ALJT, Associação Latino Americana de Juízes do Trabalho, gestão 2015/2017.